martes, 1 de mayo de 2012

LEY ANTILAVADO DE DINERO.- Diputados la aprueban

El pasado 30 de abril de este 2012, la Cámara de Diputados, aprobó la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, mejor conocida como la “Ley Antilavado”; y  es que desde el año pasado se encontraba en congelada para su aprobación por parte de los Diputados.
La Ley fue devuelta al Senado con modificaciones propuestas para los efectos de la fracción “E” del artículo 72 Constitucional.
Esta ley se ha catalogado de polémica, debido a que en su intento de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, trastoca también intereses o prácticas de comercio entre particulares que poca o ninguna relación tienen con el terrorismo.
Entre otras se establecen las siguientes restricciones:
Prohíbe pagar o aceptar la liquidación en efectivo de inmuebles, casas y terrenos por  $500mil pesos o más.
Prohíbe la compra en efectivo de automóviles, vehículos aéreos o marítimos, joyas, relojes u obras de arte por un valor superior a los $200mil pesos.
Las instituciones de bancarias y comerciales, deberán informar el gasto mensual superior a 80mil pesos en tarjetas de crédito. (Con lo que ya no le conviene prestar su tarjeta de crédito a amigos y familiares)
Asimismo establece responsabilidad y sanciones a los notarios públicos que no reporten actividades objeto de investigación o dé conocimiento a las autoridades. Igualmente se atribuyen responsabilidades a contadores públicos, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, quienes deben denunciar a las autoridades las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero.
El punto es que, al tratarse de una Ley tan “restrictiva”, fomentará una mayor presencia de  mercados negros y operaciones clandestinas. Es pues, una paradoja legal, que incentivará las actividades que pretende controlar y que descarga en particulares la responsabilidad del Estado Mexicano de realizar la vigilancia y denuncia.
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