En 2012 se aprobó la ‘Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita’, a la que nos referimos como ‘Ley Antilavado’. Para 2013 se aprobó su reglamento y desde entonces esta ley ha tenido todo tipo de controversias, sesgos en su aplicación e interpretaciones equivocadas. Los organismos financieros regulados la aplican de manera discrecional, hacen juicios a priori, y toman decisiones afectados por la desconfianza, discriminan y niegan servicios sin ton ni son.
Este es el caso de la banca comercial, que niega la apertura de cuentas bancarias o llega a cancelarlas a otros intermediarios financieros como centros cambiarios, SOFOMES*, SOFIPOS* y SOCAPS*; basándose en un prejuicio generalizado: Estas instituciones son de alto riesgo.
La propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) ‘pide’ a los intermediarios financieros dejar de negar los servicios de apertura de cuentas, basándose exclusivamente en el temor y analizar a los posibles clientes bajo la reglamentación para conocerlos mejor.
Los afectados ya se han quedado ante la CNVB e interpuesto denuncia en la CONDUSEF, que sólo tiene facultad para conciliar y recomendar, -no sirve de mucho, con las atribuciones que se le han conferido-
Las instituciones afectadas por esta discriminación, pues se generaliza que todos sean delincuentes, han tenido que buscar otros opciones y lo más recomendable es tomar la certificación de la CNBV.
Tampoco el sonado caso FICREA ha ayudado mucho a los organismos auxiliares del sistema financiero mexicano a ganar confiabilidad, y es que recordaremos que esta SOFIPO propiedad de Rafael Olvera Amezcua defraudó a sus clientes con un monto total de más de $2 millones 800 pesos y que entre los defraudados que resultaron ‘chamaqueados’ está el mismísimo Tribunal de Justicia del Distrito Federal por $110 millones de pesos, al Organismo Municipal de Agua de Naucalpan con $60 millones, y a varias constructoras, empresas comercializadoras, inmobiliarias y otras personas morales y físicas diversas para constituir un total de más de 6 mil 800 clientes afectados.
A más de un año de cometido este ilícito, los afectados siguen preguntándose como recuperar sus fondos, la autoridad sigue empantanada esperando la aprobación por parte del Senado de una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que incluye un rescate financiero para los afectados, las autoridades reguladoras del sector se disculpan y desligan de culpas o responsabilidades y el Sr. Olvera continúa prófugo de la justicia.
FME CONTADORES PÚBLICOS, ofrece servicios en materia financiera a fin de salvaguardar su patrimonio y el de su empresa.
*SOFOME =Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
*SOFIPO= Sociedad Financiera Popular
*SOCAP= Sociedad Financiera de Ahorro y Prestamo
MSA/l&d/*.*
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