Ya en una entrega anterior “CORRUPCIÓN, México y Argentina líderes” habíamos comentado sobre la percepción elevada de los niveles de Corrupción que aquejan a nuestro país.
En el primer semestre del 2013 el SAT (Sistema de Administración Tributaria) reconoció que fué el periodo en donde más funcionarios públicos de este organismo fueron “denunciados” por parte de su órgano interno de control.
Desde 2006 no se veían tantos casos de funcionarios “denunciados”, sin embargo hay que aclarar que esa “denuncia” sólo se refiere a evidenciar la comisión de posibles actos de corrupción, pero no a “acusarlo ante el Ministerio Público”.
¿entonces? se preguntará usted.... pues he aquí que únicamente se ha apartado de sus funciones a estos empleados y se ha iniciado procedimiento para darlos de baja, como ocurrió con el Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Oriente del Distrito Federal.
La política del SAT se ha visto endurecida con respecto al cobro de impuestos, se asemeja a un proceso inquisitorio en donde el contribuyente cautivo es el más afectado. Pero el SAT no está siendo imparcial y actúa con debilidad ante sus funcionarios sobre los que se presume la comisión de actos de corrupción.
Jamás la figura del recaudador de impuestos ha resultado popular ni positiva para el ciudadano, en ninguna época y lugar. Sin embargo es menester recordar que el ciudadano debe percibir las acciones conducentes a disminuir y castigar la corrupción y cuidar del mal manejo de los presupuestos.
Es obligación de la autoridad fiscal, el buen manejo de los recursos del erario público con el que los ciudadanos contribuyen, así como del castigo por la comisión de actos fraudulentos y de corrupción.
Recordemos que los actos de corrupción sólo generan más corrupción y sustitución de los valores morales, toda vez que si un ciudadano común, percibe un funcionario corrupto, buscará un mecanismo compensatorio para evitar el pago de contribuciones.
Esperamos que la propuesta de Reforma Fiscal, incluya por igual, castigos severos a los funcionarios corruptos, además de buscar mecanismos compensatorios para resarcir los fondos malversados y daños y perjuicios que podrían solventarse con la extinción de dominio de las propiedades de funcionarios, familiares cercanos y ‘prestanombres’ vinculados con esos funcionarios.
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