En días pasados el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Aristóteles Nuñez, dictó una conferencia sobre cultura contributiva en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
‘La base para hacer de México un mejor país es entender el respeto a las reglas, pues más allá de impuestos, si los mexicanos comienzan a respetar la ley, los impuestos se pagarán por sí solos’ expresó.
Aseveró que en otros países pagar impuestos tiene valor social, y eso es lo que debe buscarse en México.
Consideramos que es una buena ponencia, sin embargo el Lic. Núñez se queda corto en su discurso, que es bien intencionado pero limitado, toda vez que es un ‘discurso que se dicta toda la vida y de alcance mundial’ que se entiende que la autoridad recaudadora sólo tiene por fin, eso precisamente: recaudar sin explicar ni hacerse de otras funciones o fines sociales; Sin embargo pasa de largo, como en muchos otros países, que si bien es una práctica generalizada eludir al fisco, en México es todavía mayor la evasión fiscal, porque la población en general considera que no es transparente el uso de recursos públicos a ningún nivel dentro del Gobierno.
Mientras la percepción de los contribuyentes en México, no le indique que se está transparentando el manejo de recursos públicos, mientras sigan apareciendo ‘Casas blancas en Clubes de Golf’, los mexicanos no verán en ello el fin social.
Quizá sea un llamado al populismo, pero al menos el discurso gusta a las mayorías y quizá incentive el fin social, es el que apenas realizó en su toma de poder, el Gobernador Independiente por Nuevo León, Jaime Rodríguez.
‘El Bronco’, como se hace llamar, fustigó a corruptos y TV en su arenga, y amenazó con auditorías y sanciones a quien resulte responsable.
Así como dice el Jefe del SAT, la base para un mejor país, es el respeto a las reglas, pero no únicamente por parte de los contribuyentes, también se demanda la observancia de reglas por parte de los funcionarios y servidores públicos, que usan los recursos como botín y a los contribuyentes como esclavos.
Las sanciones deben ser fuertes, no únicamente la inhabilitación a ejercer puestos públicos, también sanciones económicas que resarzan el daño y se proceda a incautar los bienes y dinero que pertenezcan a la administración pública.
